De acuerdo con el Concepto Unificado 0951 del 5 de septiembre de 2019 emitido por la DIAN, las entidades sin ánimo de lucro no requieren de un revisor fiscal. Sin embargo, puede haber excepciones cuando los constituyentes lo manifiesten en los estatutos.
La revisoría fiscal es un instrumento mediante el cual se puede ejercer la inspección y vigilancia de sociedades mercantiles. Además de velar por el cumplimiento de las leyes, de los estatutos sociales y de las decisiones de los órganos de administración.
Así, las asociaciones, corporaciones, fundaciones o instituciones de utilidad común que tengan su domicilio principal en un departamento, deben necesariamente contar con revisor fiscal. Así lo señala el artículo 2.2.1.3.2 del Decreto 1066 del 2015.
El Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP) conforme a las normas legales y la Ley 43 de 1990, la Ley 1314 de 2009, y Decretos Reglamentarios, establece esta regulación.
El CTCP trabaja exclusivamente en aspectos relacionados con la aplicación de las normas de contabilidad, información financiera y aseguramiento de esta información. No le corresponde pronunciarse sobre dónde debe estar domiciliada una ESAL y qué entidad ejerce la inspección, vigilancia y control sobre ella.
Organizaciones obligadas a tener revisor fiscal
- Entidades sin ánimo de lucro: El artículo 38 de la ley 78 de 1998 establece que todas las entidades cooperativas allí señaladas deben tener revisor fiscal. Por otra parte, el artículo 41 del decreto 1481 de 1989 dispone que todo fondo de empleados debe tener revisor fiscal.
- Entidades prestadoras de salud: Todas las entidades que presten servicios de salud vigiladas por la Superintendencia de Salud están obligadas a tener revisor fiscal. Obligación contenida en el artículo 228 de la ley 100.
- Entidades financieras: El artículo 79 del estatuto orgánico financiero y el 20 de la ley 20 de la ley 45 de 1990 establece que todas deben tener revisor fiscal.
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